Las esperanzas defraudadas y el tapado del Rey

Rafael Borrás

El retrato heterodoxo de tres personajes claves del tardofranquismo y la transición, Suárez, Fraga y Areilza.

En la historia política española, la figura de los ministros, “los interinos” en expresión afortunada, ha dejado muchos personajes para el recuerdo. El veterano editor Rafael Borrás, que ha publicado biografías y memorias de un porcentaje muy elevado de ellos, elige tres figuras clave del tardo franquismo y la transición, dos cuyas ambiciones se frustraron, Areilza y Fraga, y uno cuyo papel protagonista fue una sorpresa para todos, Suárez, para elaborar un extraordinario y personalísimo retrato de época.

El 20 de noviembre de 1975 murió el general Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y Jefe Nacional del Movimiento, conocido por sus fans como «el Caudillo». A los dos días —«todo atado y bien atado»— fue proclamado como su sucesor, a título de Rey, don Juan Carlos de Borbón y de Borbón, que juró ante las Cortes, «por Dios, y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional».1

Un año y medio después —día más, día menos—, el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas tras más de cuatro décadas en que la soberanía nacional estuvo amordazada. El llamado «Movimiento», que según Franco se sucedía a sí mismo, había sido disuelto por un decreto del 1 de abril, y el Partido Comunista —la bestia negra del Régimen— había sido legalizado el 9 del mismo mes y año. Y el 27 de diciembre de 1978, víspera de los Santos Inocentes, se promulgó la Constitución que todavía nos rige, que, pese a sus limitaciones y carencias, consagró la transmutación de la Monarquía del 18 de Julio, instaurada por el general, en una Monarquía parlamentaria con todas las libertades formales al uso en las democracias occidentales.

La de 1975 a 1978 creo que puede calificarse, sin hipérbole, como una «Monarquía prodigiosa», que en tres años, y no sin resistencias, logró el tránsito pacífico de una dictadura personal a un sistema democrático, y certificó, de paso, la inutilidad de la Guerra Civil y de cuarenta años de Cuaresma.

Don Juan Carlos I, «el motor del cambio», según José María de Areilza, consiguió que, por mucho que todo cambiase, se cumpliesen los dos fines primordiales de la transacción, lo supiesen o no algunos de sus protagonistas: salvar, una vez más, la Corona de los Borbones, y que el poder económico siguiese en las manos de siempre.

El primer gobierno de la Corona

El nuevo soberano, que a sus treinta y siete años heredó todos los poderes de su antecesor en la jefatura del Estado, conservó al frente del Ejecutivo a Carlos Arias Navarro, jefe del último gobierno del general, pero consiguió, a cambio, que le apoyase en su deseo de nombrar a Torcuato Fernández-Miranda y Hevia presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, organismos clave para, desde la Ley a la Ley, lograr que llegase a buen puerto la reforma política.

Las dos figuras más notables del primer gobierno de la Monarquía presidido por Arias Navarro eran, sin duda, Manuel Fraga Iribarne (1922), vicepresidente para Asuntos de Interior y ministro de la Gobernación, y José María de Areilza Martínez-Rodas (1909), ministro de Asuntos Exteriores. Los dos habían prestado servicios destacados al Régimen de Franco —Fraga como ministro, Areilza como embajador— y los dos encarnaban entonces la esperanza de los reformistas, representados en la generación más joven por Alfonso Osorio García (1923), ministro de la Presidencia, Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo (1926), ministro de Comercio, Carlos Robles Piquer (1928), ministro de Educación Nacional, Adolfo Suárez González (1932), ministro secretario general del Movimiento, y Rodolfo Martín Villa (1934), ministro de Relaciones Sindicales, cuyas hojas de servicios al franquismo eran más que notables; como las del resto del gabinete, por supuesto, en el que desempeñaban la cartera de Justicia el mayor de todos ellos, Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate (1904), y la de Trabajo un dinosaurio político, José Solís Ruiz (1913), ministro secretario general del Movimiento, por vez primera, en 1957, hacía la friolera de dieciocho años.

El resto del gobierno, políticamente, era desecho de tienta: Fernando de Santiago, vicepresidente para Asuntos de Defensa; Félix Álvarez-Arenas, Ejército; Gabriel Pita da Veiga, Marina; Carlos Franco Iribarnegaray, Aire; Juan Miguel Villar Mir, Hacienda; Antonio Valdés, Obras Públicas; Carlos Pérez de Bricio, Industria; Virgilio Oñate, Agricultura; Adolfo Martín-Gamero, Información y Turismo, y Francisco Lozano, Vivienda. Para el común de los ciudadanos, hoy son unos desconocidos absolutos, y aunque los ministros militares repitieron en el segundo gobierno de la Corona, todos ellos desaparecieron de la vida política al cesar como interinos.2

Manuel Fraga Iribarne y el gobierno de julio de 1962

El 10 de julio de 1962, el parte de Radio Nacional anunció la formación de un nuevo gobierno. Las novedades más importantes parecían ser el nombramiento de un vicepresidente —el teniente general Agustín Muñoz Grandes, primer jefe de la llamada División Azul— y la designación de Manuel Fraga Iribarne como sustituto de Gabriel Arias Salgado en el Ministerio de Información y Turismo, cargo en el que llevaba once años, desde su creación en 1951, y que había orquestado de manera desaforada la reacción del Régimen al Congreso de Munich del mes anterior.

El nombramiento de un vicepresidente parecía querer potenciar el dispositivo sucesorio, evitando un vacío de poder si, contra todas las previsiones humanas y divinas, Franco no era inmortal. En diciembre del año anterior, 1961, el general había sufrido un accidente de caza al estallarle en la mano izquierda una escopeta. La operación a que fue sometido requirió anestesia total. Carrero Blanco, ministro subsecretario de la Presidencia, recibió la orden de informar a los ministros militares y al Alto Estado Mayor, y al entrar en el quirófano Franco habló con Camilo Alonso Vega, ministro de la Gobernación y amigo desde la infancia, lo abrazó y le dijo: «Ten cuidado de lo que ocurra». Alonso Vega llamó al director general de Seguridad y a la Dirección de la Guardia Civil y, tras informarles de lo sucedido, añadió: «Ahora el jefe del Estado soy yo. No cumplimenten ninguna orden que no se la haya dado personalmente. Ni siquiera las escritas. Tienen que ser órdenes verbales mías». Cuando Franco recobró la lucidez, Alonso Vega llamó de nuevo y se recuperó la normalidad, pero ninguna de las instituciones previstas por la Ley de Sucesión en caso de incapacidad del jefe del Estado fue puesta al corriente de lo que sucedía.3

La designación de Fraga, entonces poco o nada conocido para el común de la ciudadanía, fue recibida con expectación benévola: contaba treinta y nueve años y no había participado, por tanto, en la Guerra Civil. Una generación sin el trauma de su implicación directa en la contienda parecía responsabilizarse de una pequeña parcela de poder. Procedía, además, del mundo académico, y su antecesor en el cargo se lo había puesto fácil, porque resultaba inimaginable que en el mundo de la cultura pudiera superarse una política represiva tan siniestra.