Michoacán en guerra

J. JESÚS LEMUS

Este es el resultado de un arduo trabajo periodístico que aborda una de las problemáticas principales de los gobiernos federal y estatal en turno: la violencia en el estado de Michoacán, escrito por uno de nuestros autores más importantes en la actualidad: J. Jesús Lemus.

La creciente y cada vez más abrasadora violencia que desgarra al estado de Michoacán -y que se magnificó a partir de la llamada “guerra contra el narco” en el sexenio del panista Felipe Calderón- ha propiciado diversos y desastrosos fenómenos sociales y políticos que ahora ocupan cada día la agenda de los grandes medios de comunicación.

El control totalizador de grupos del crimen organizado en la región ha propiciado tanto la desaparición de poblaciones como la creación de los -también mediatizados- grupos de autodefensa. Estos últimos han instaurado en la entidad una situación abiertamente bélica que podría calificarse ” como el primer estado fallido de México”, de acuerdo con J. Jesús Lemus, el proclamado autor de Los malditos y ahora de este Michoacán en guerra, un intenso e indispensable texto que mezcla reportaje y crónica para explicar los antecedentes inmediatos y penetrar en los más aciagos y funestos detalles de este conflicto del que aún no conocemos su desenlace.

“Bajo el disimulo del gobierno local -asevera Lemus-, la violencia se ha arraigado en Michoacán. Más de 52 grupos civiles armados se encuentran diseminados en la geografía estatal, en los municipios que conforman las regiones de Tierra Caliente, Meseta Purépecha y Sierra Costa Nahua, en donde el desgobierno no sólo es evidente, sino que patentiza una insurrección ciudadana que ha desplazado los poderes del estado.”

Entre la violencia y el desgobierno, el estado de Michoacán apunta a calificar como el primer estado fallido de México. En él se observa el laboratorio propicio para que el gobierno federal siga perpetrando el método de ensayo y error, a fin de intentar apaciguar la ola de violencia que se ha generalizado en la mayor parte de las entidades federativas.

Bajo el disimulo del gobierno local, la violencia se ha arraigado en Michoacán: más de 52 grupos de civiles armados se encuentran diseminados en la geografía estatal, en los municipios que conforman las regiones de Tierra Caliente, Meseta Purépecha y Sierra Costa Nahua, en donde el desgobierno no sólo es evidente, sino que patentiza una insurrección ciudadana que ha desplazado a los poderes del estado.

No hay antecedente histórico reciente en todo el país: más de la mitad de la población de Michoacán vive en condiciones de pobreza extrema, desempleo, marginación social, hambruna y sometimiento a grupos de facto que suplantan la autoridad rectora del Estado. Bajo el reclamo de intereses aducidos como legítimos, la sociedad civil se ha levantado en armas.

El número de civiles armados se estima en más de 30 000. Esta es la entidad con la mayor agitación social y población civil armada de que se tenga memoria desde la etapa de la Revolución. Casi 20 000 se encuentran armados, integrados dentro de un movimiento de autodefensa. Los otros 10 000 civiles se encuentran enrolados dentro de cárteles de la droga y células criminales que mantienen en el control de localidades enteras.

Ante la inoperancia del gobierno estatal, el gobierno federal la lanzó en Michoacán una estrategia para recuperar la paz y el Estado de derecho, cuyo deterioro se derivó de la confrontación que comenzaron a protagonizar grupos de autodefensas y miembros de células de diversos cárteles de las drogas que operan en la entidad donde ―de acuerdo al departamento de Justicia de Estados Unidos― la DEA ha ubicado operaciones de Los Zetas, Los Caballeros Templarios y del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Para recuperar el control de gran parte del territorio de Michoacán, el gobierno federal desplegó un operativo de seguridad con más de 10 000 hombres del Ejército, Marina Armada y Policía Federal. La intención de esos elementos fue lograr el desarme de los civiles integrados en las autodefensas y la captura de los miembros de los cárteles de las drogas. Sumado a ello, el presidente Enrique Peña Nieto ha anunciado inversiones por el orden de los 45 500 000 000 de pesos, para invertir en carreteras, presas, hospitales, escuelas, producción agrícola y fomentar el comercio y la actividad industrial.

El gobierno federal le apuesta a la reconstrucción del tejido social, el que se fracturó por décadas de abandono a los reclamos de mejora a las condiciones de vida de la población, abandono del que todos los partidos políticos se deslindan en voz de sus actores vigentes, pero que comparten la misma responsabilidad: la corrupción imperante que fue solapada desde la administración federal de Vicente Fox, para luego sucederla con excepcional maestría el michoacano Felipe Calderón Hinojosa.

En Michoacán son 30 los municipios donde no hay gobiernos constitucionales instituidos han sido desplazados por inoperantes. Los civiles armados, acuñados bajo la generosa denominación de autodefensas, guardias comunitarias o policías comunales han tomado pueblos enteros bajo su mando, siempre con el abanderamiento de una cruzada general contra la delincuencia y una lucha frontal contra la corrupción.

Los grupos de autodefensa, encabezados por José Manuel Mireles, Hipólito Mora y Estanislao Beltrán, se mantienen en pie de lucha ―se han negado a deponer las armas, pese al llamado que hiciera el gobierno federal― argumentando una colusión entre diversas autoridades municipales y estatales de Michoacán con los miembros de los cárteles de las drogas que interactúan en la entidad.

El brote de violencia en Michoacán no es producto de la casualidad. Indicios apuntan a la incapacidad física del gobernador constitucional, Fausto Vallejo Figueroa, para afrontar la problemática social. Otros señalan la irresponsable actuación de Felipe Calderón, quien no actuó con la intención firme de erradicar el narcotráfico, sino que buscó el escenario propicio para hacer lucir el orgullo de su egocentrismo sexenal: Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La versión que apareció en YouTube de quien se reconoce como uno de los líderes de un cártel de drogas en la entidad, Servando Gómez Martínez, ha responsabilizado directamente a Felipe Calderón Hinojosa de haber iniciado una guerra en Michoacán. De acuerdo con Servando Gómez, el entonces presidente de la República le habría declarado la guerra a La Familia Michoacana por razones personales: un primo de Calderón le debía dinero al cártel michoacano y ello alentó al ahora ex presidente a tratar de eliminar a los acreedores de su pariente.

En diversas ocasiones, por YouTube, se ha revelado una enconada postura personal entre la familia del entonces presidente Felipe Calderón con el cártel de La Familia Michoacana, lo que se vislumbra como la base de una guerra personal, haciendo uso del aparato del Estado para llevar a cabo venganzas, movido más por el interés pasional que el de la propia nación. Un video del líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez, La Tuta, que circuló en noviembre de 2013, revela la petición de favores de la senadora Luisa María Calderón hacia el cabecilla del cártel de Michoacán.

Sin embargo, no se debe hacer a un lado que una de las causas que más fuertemente ha contribuido al estado convulso que se vive en Michoacán es el marcado desgobierno en el que se ha sumido la entidad en los últimos 20 años: el estado cuenta con un aparato burocrático sin políticas oficiales definidas, en donde la designación de funcionarios y planes de trabajo de las dependencias locales se da con base en caprichos y revanchismos.

El más vivo ejemplo de la forma en cómo los políticos locales han venido manejando la administración estatal de Michoacán, en donde se privilegia el interés personal antes que el bienestar de la colectividad, es el regreso de un gobernador enfermo, en estado de recuperación y disminuido físicamente, para tomar las riendas del estado más inestable de México, el primero que apunta a ser fallido ―formalmente― en toda la historia del país.

El abandono del gobierno a la población no ha sido fortuito, es el resultado de una enconada lucha de poderes entre diversos grupos políticos en la entidad, en donde todos los actores ―diseminados en los partidos políticos PRI, PAN y PRD― se sienten con el derecho de ver sangre en vez de mantener el control de una administración que se ha visto solamente como mina de oro desde hace lustros.